El fiscal de Estado Gastón Mercado Luna comenzó a trabajar sobre la denuncia penal contra la empresa Aguas de La Rioja.
Lo hizo sobre la base del decreto que determinó la rescisión del contrato de concesión del servicio de agua potable y cloacas que hasta el jueves prestaba la firma en la ciudades de Chilecito, Chamical y Capital.
El funcionario dijo en diálogo con NUEVA RIOJA, que el instrumento firmado por Beder Herrera la semana pasada constituye "una denuncia palmaria": "Nunca he visto una denuncia tan fuerte como la que está en el decreto que es muy taxativa y descriptiva de los que pasó. Describe puntillosamente todas las irregularidades que se detectaron", señaló.
Asimismo indicó que está analizando los informes elaborados por la Unidad Operativa que mantenía intervenido el servicio, por el EUCOP y las auditorías realizadas por la UCI y la Secretaría del Aguas que constituyen 5 cuerpos de unas 300 fojas cada uno, más otros 9 cuerpos similares de pruebas aportadas por los mismos organismos.
En este sentido y para agilizar el proceso, Mercado Luna indicó que llamó al titular de la UO Juan Luna Corzo para que le indique a donde se encuentran los casos que más comprometen a la ex prestataria del servicio público.
También informó que en el mismo decreto el gobernador de la provincia ya instruyó al EUCOP para que ejecute los 5 millones de pesos de la garantía que la empresa debió depositar al hacerse cargo de la prestación en el 2002.
Además, Mercado Luna dijo que con posterioridad pedirá a las áreas pertinentes que le cuantifiquen las pérdidas porque el Estado también buscará un resarcimiento económico. "Estamos hablando de que se había perforaciones abandonadas fuera de servicio, por lo que se puso en riesgo el servicio. Y también hay que considerar la situación de Chamical donde directamente se puso en riesgo a la población", precisó.
"Bajo la excusa de que el servicio no le era rentable, la empresa pedía adelantos de tarifas al gobierno, exigían actualización de la tarifa, sostenían los subsidios, y hasta admitían que funcionaban con ese extra que le pasaba el Gobierno. Todo eso era dinero fresco que les ingresaba del Estado pero ellos no cumplieron con sostener un servicio operativo, ni con garantizar los estándares de salubridad del agua y respondieron con un abandono del servicio", precisó el fiscal.

Casos
Asimismo Mercado Luna confirmó la existencia de maniobras de parte de la empresa como la contratación de la consultora Latinaguas que integraban miembros del directorio de la empresa, que percibía 300 mil pesos mensuales y no está especificado qué servicios prestaba.
Agregó que entre otras cosas la empresa libró un cheque para la compra de una camioneta, cuando ya había integrado el fideicomiso, y confirmó el desvío de fondos a empresa vinculadas, como el caso de 30 personas que cobraban altísimos sueldos de la empresa y no cumplían ninguna función. De este mismo tenor es la compra de vinos finos por un valor de 400 mil pesos.
El fiscal de Estado precisó también que la empresa no tiene ningún recurso presentado en contra del Estado provincia, excepto los que presentó cuando se decidió intervenir el servicio, a fines de septiembre.