Las aguas están caldeadas en la industria de los derechos hídricos. Desde que la Presidenta Michelle Bachelet diera luz verde al polémico proyecto que busca dar rango constitucional al agua como un bien de uso público, se abrió un fuerte debate que tenía apuntando todos los dardos al Ejecutivo.
Unos lo criticaron por haber despachado el proyecto "justo" antes de las elecciones presidenciales, y varios privados advirtieron que se estaban cambiando las reglas del juego, lo que traería una incertidumbre jurídica que alejaría las inversiones.
Aunque el ingeniero Humberto Peña ya no es director de la Dirección General de Aguas (DGA) -ocupó el cargo entre 1994 y 2006-, hoy es consultor y asesor de empresas mineras, sanitarias, hidroeléctricas y agrícolas en la materia, y asegura que están intranquilas sobre todo porque no están claros una serie de alcances del proyecto.
-¿Qué implicancia tiene esta falta de claridad?
"Este tema constitucional lo veo confuso porque no tengo claras las implicancias y alcances que una reforma de este tipo podría tener sobre la legislación del agua. Un cambio constitucional, de por sí genera incertidumbre, entonces si se hace, se deben tener claros los alcances. Hay distintos temas que deben ser abordados en la legislación de agua, hay problemas pero no se ve claro cuál es la relación que hay entre esta legislación y la solución que se espera dar a los problemas".
-¿Considera importante este proyecto?
"Desde el punto de vista de la gestión del recurso hídrico en el país, pienso que hay otras materias que son prioritarias de resolver. Hablo de la gestión del recurso hídrico a nivel de cuencas hidrográficas".
"Dentro del concepto de propiedad sobre derecho de aprovechamiento de agua, debieran existir cierto tipo de regulaciones para controlar externalidades que se generan. Es un tema no abordado, y se puede tratar sin necesariamente hacer cambios constitucionales. El camino es identificar los problemas, concordar en un diagnóstico y a partir de ello ver soluciones".
-¿El agua debiera ser un bien de uso público?
"Hoy el agua es un bien nacional de uso público, lo que se propone es que pase a tener rango constitucional, y uno se pregunta por qué no fue siempre así. Pero así como resulta difícil evaluar los alcances de esta modificación legal, es importante saber que en sí misma no tiene impacto si no se hacen otras leyes que implementen algún cambio concreto".
-¿Qué falta clarificar?
"Por ejemplo, la ley definirá limitaciones al ejercicio de los derechos del agua, pero mientras no se tenga la ley que especifique esas limitaciones, no se puede conocer el impacto. Hay otras cosas que siempre han estado, como la referencia a la función social de la propiedad, que es válida para cualquier propiedad. ¿Qué implicancia podría tener para los derechos de agua?".
-¿Este proyecto podría alejar las inversiones?
"Resulta evidente que un cambio a nivel constitucional sobre legislación de aguas genera inquietud. Por eso es extremadamente necesario aclarar los alcances que tiene una legislación de este tipo. Hoy quedamos en la incertidumbre y desde luego que eso genera inquietud y se puede percibir a nivel de empresas".
-¿Qué otros aspectos generan incertidumbre?
"Se señala, por ejemplo, que se aplicarán los artículos referidos a la función social de la propiedad, pero ya está en la Constitución, y queda una duda. Hay otros aspectos que evidentemente aparecen como incompletos. En el proyecto se señala que el Estado podrá reservar agua, y aunque hoy está esa facultad para ciertos objetivos, no se señala qué objetivos tendría. Tampoco se menciona directamente la caducidad. Eso genera inquietud, está vago".
''Resulta evidente que un cambio a nivel constitucional sobre legislación de aguas genera inquietud. Por eso es extremadamente necesario aclarar los alcances".
''Hoy quedamos en la incertidumbre y eso genera inquietud y se puede percibir a nivel de empresas".