El gobernador Luis Fortuño apoya que se ponga un límite en el consumo de agua y electricidad a los que vecinos de residenciales públicos que se acojan a una tarifa fija.
“Vería con buenos ojos que se pusiera un limite en el consumo, pero tenemos que tener bien claro que la carga eléctrica que hay en estas unidades (de vivienda) es muy limitada”, dijo el Mandatario. No abundó sobre el servicio de agua potable.
“Lo que estoy pidiendo es, que se vea cómo se puede poner un tope en el consumo, pero en la práctica no hará ninguna diferencia, la carga eléctrica no da para poner todos los equipos, a menos que se haga una alteración”, dijo. Alegó que en estos complejos de vivienda no se pueden prender varios enseres a la vez porque se cae el sistema. “La carga no da”, aseguró.
Insistió en que busca que personas que no pagaban por estos servicios paguen de ahora en adelante y abonen a la deuda, para no arriesgar un desahucio, según lo dispone el Departamento de Vivienda federal. Señaló que la orden de desahucio siempre ha estado vigente, pero el proceso de ejecución es lento.
Fortuño indicó que menos de una cuarta parte de esos residentes pagan los servicios. Destacó que tres de cada cuatro de esas familias tienen un ingreso menor de $5,000 al año o son madres solteras. Cuando se le indicó que la clase media no recibía ese alivio en la factura, respondió que “ahora la clase media no va a estar pagando por aquéllos que consumen (sin pagar) en el residencial público”.

Aval de líderes comunitarios
Mientras, en el Capitolio en San Juan, líderes comunitarios indicaron que miles de vecinos de los residenciales públicos perderían su vivienda sin la Ley 69 que impone tarifas fijas en los servicios de energía eléctrica y agua.
En el residencial Alejandrino, casi una tercera parte de los vecinos ya recibieron cartas de desahucio, dijo la líder Olga Colón. “Ciento diez personas, familias, se supone que van para la calle en 50 días”, afirmó.
“Si no se trabaja esto, a miles de familias podrían tirarlas a la calle”, dijo Orlando Rosario, del residencial Jardines de Country Club y presidente de la Red de Apoyo de los Residenciales Públicos. Tomasa Rodríguez, del residencial Monte Hatillo, dijo que “a mí a cada rato se me acercan para decirme que los mandaron a la Corte porque no pagaron el agua y la luz”.
“Al gobernador Fortuño le atacan por que ‘tira al sector rico’, y ahora lo critican porque tira pa’ los pobres, ¿en qué quedamos?”, dijo Rodríguez.El líder de la comunidad especial Barriada Las Monjas, “Paquitín” Meléndez, dijo que él no se beneficia de la nueva ley -por no residir en un residencial- peroapoya la medida porque evita que gente pierda su casa.Las declaraciones surgieron en una conferencia de prensa del autor de la medida, Roberto Arango, quien planteó que se fiscalizará a la persona que abuse de los servicios. Un ejemplo de abuso es tener prendido todo el día un aire acondicionado. El responsable podría ser desahuciado.El senador aseguró que el Gobierno anunciará pronto medidas para aliviar la carga económica a otros sectores de la comunidad y que la Ley 69 beneficiará al Estado porque obtendrá $33 millones en pagos cuando hoy recibe $14 millones. Se estima que sólo 24,000 de los 76,000 residentes de estos vecindarios pagan sus cuentas de agua y luz.