Integrantes de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad consideraron que los planteamientos del titular de la Comisión Nacional del Agua, José Luis Luege Tamargo, de gravar con uno por ciento los servicios de agua potable, no sólo representarían otro impacto en la economía familiar, sino que implicaría “un paso más en la estrategia de privatizar el agua”.
El economista Rolando Espinosa, integrante de esta red y del Observatorio Socioambiental, consideró que pensar en dicho impuesto es considerar este bien común como una mercancía.
“Esta propuesta de Luege sería un golpe a los bolsillos de los ciudadanos y un avance en la estrategia de privatización del agua, por considerar este recurso una mercancía más. El agua no puede constituir una mercancía porque no es un objeto manufacturado, sino un bien común.”
El agua es un recurso estratégico, agregó, porque no sólo es vital para la vida humana sino para la propia acumulación del capital, pues muchas ramas de la división del trabajo requieren del líquido.
“La perspectiva de la privatización del agua, que ya tiene más de 30 años, ve el recurso como jugoso negocio, sin embargo representa la violación del derecho a la vida. Sin abusos se puede cobrar por la distribución del agua, pero nunca vender la idea de que el agua es una mercancía con la cual incluso se puede llegar a construir un gran mercado del agua”.
Elena Álvarez Buylla, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y mimbro de esta unión científica, dijo que es contradictorio limitar el uso público del agua y por otro lado intentar privatizarla mediante corporaciones, pues esto contribuye a la escasez del recurso.
Por tanto, subrayó, que de ponerse gravámenes, éstos deberían aplicarse a las trasnacionales refresqueras, que se enriquecen con el agua, y no a la ciudadanía.