Una audiencia pública para fines de febrero con el fin de que Aguas Santafesinas muestre sus números y todos los vecinos discutan sobre el cambio de tarifa. Ese fue el saldo de la primera reunión que se realizó ayer entre el nuevo directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) y las cuatro organizaciones inscriptas legalmente que nuclean a los usuarios: Red de Consumidores, Unión de Usuarios y Consumidores, Asamblea por los Derechos Sociales y Liga en Defensa de los Consumidores.
El día 11 de este mes, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, había anunciado que las facturas de agua de marzo podrían llegar con un 19 por ciento de recargo (y las de luz con un 6 por ciento).
La buena nueva, como toda aquella referida a un aumento, no le cayó bien a nadie. Por eso las organizaciones y el Enress se reunieron para debatir el tema. “El ente tiene una opinión necesaria sobre la tarifa. Por eso, con las organizaciones y el resto del directorio resolvimos que el debate se amplíe a los usuarios. Hoy (por ayer) ingresó al Enress la propuesta del Ejecutivo. La analizaremos de inmediato y ya comenzamos a reactivar el reglamento para organizar la audiencia, una normativa diseñada en 2005 entre la Universidad Nacional del Litoral y la Multisectorial por el agua”, dijo el presidente del Enress, Miguel Muñoz.

Dentro y fuera de Assa. Una reunión similar a la que se dio ayer en Rosario se realizó también en Santa Fe. “En ambos casos se resolvió que ante temas importantes como el cambio de tarifa se llamará a audiencias públicas. Hay que tener sobre la mesa los balances de la empresa y debatir allí también la necesidad de obras en un servicio con redes centenarias y plantas potabilizadoras con 50 años de vida; si no se hacen heredaremos el problema a nuestros hijos. Quedan otros temas pendientes como una política unificada para toda la provincia donde hay 1.900.000 usuarios de Assa y 1.300.000 nucleados en cooperativas que pagan el agua el doble y hasta el triple: no es una política justa”.
Un tema más para Muñoz y su directorio (integrado por Juan Gianni, Héctor Brachetta y Oscar Pintos) es discutir el “negocio del agua que se genera en localidades donde las napas tienen elementos contaminantes como arsénico, flúor, hierro o manganeso y se ven obligadas a pagar por agua potable. El agua no debe ser una mercancía o terminará adquiriéndola sólo quien pueda pagarla”, dijo el funcionario.