El gobierno nacional declaró ayer la emergencia agropecuaria en Córdoba, Corrientes, Chaco, Mendoza y en La Pampa, provincias gravemente afectadas en 2008 por sequías, heladas, incendios o por tormentas con fuertes vientos. La medida, que busca atenuar el impacto de las inclemencias del clima con postergaciones del pago de impuestos, es el primer fruto de la flamante Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, creada por la nueva ley 26.509, sancionada en agosto pasado y reglamentada parcialmente tres meses después. Allí, para este año, se prevé un fondo de ayuda de por lo menos 500 millones de pesos.
"En el marco de una estrategia federal, los gobiernos provinciales junto con el gobierno nacional y las entidades rurales estamos trabajando con celeridad para dar respuesta a las demandas y necesidades de los pequeños productores que se encuentran en situación de emergencia", afirmó Domínguez tras el encuentro, al que asistieron el secretario ejecutivo de la comisión, Haroldo Lebed, y representantes de las cuatro entidades de la Comisión de Enlace del campo: la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Además, fueron funcionarios de las provincias afectadas, representantes del Ministerio del Interior, del Banco Nación, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El alcance de estas decisiones variará según cada caso. En Mendoza, se declaró el estado de emergencia en distintos departamentos afectados por heladas tardías, mientras que en Córdoba fue para departamentos del Nordeste por incendios y para el Sur por intensas precipitaciones ocurridas el año pasado.
En el caso de Chaco y de La Pampa, se prorrogó el estado de emergencia por sequía en casi todo el territorio, y Corrientes obtuvo la declaración de emergencia para departamentos del este provincial, que sufrieron fuertes lluvias, tornados y vientos, causando daños principalmente en los cultivos hortícolas.
En representación de las entidades de productores, participaron Julio Curras, Guillermo Giannasi y Juan Manuel Rossi (FAA); Carlos Roppel y Daniel Asseff (Coninagro); Joaquín Domínguez Lemoine y María Mercedes Lalor (Sociedad Rural) y José Basaldúa (CRA).
La declaración de emergencia agropecuaria es un requisito previo indispensable para acceder a los beneficios previstos en la ley: diferimientos impositivos, asistencia directa y créditos blandos, principalmente.

Subsidios para Córdoba
Tras el encuentro de la comisión de emergencia, Domínguez recibió a los intendentes de las localidades cordobesas de Jovita, Serrano, Melo y de Laboulaye junto con representantes de las cuatro entidades agropecuarias para tratar la emergencia hídrica que sufre la provincia. Allí, el Gobierno se comprometió a aportar los fondos para financiar las obras necesarias siempre.
Allí, Domínguez prometió una ayuda de $ 10 millones para asistir a los pequeños y medianos productores cordobeses que hayan sufrido inundaciones en sus campos. "Esta plata es la respuesta al pedido de la Federación Agraria para las zonas inundadas. Sin duda, será un gran alivio para los más de 400 productores afectados; nosotros seguiremos de cerca este tema para poder ver los resultados de lo que se prometió por parte del Gobierno", afirmó Rossi.
Fabián López, subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación, prometió además recursos y ayuda para drenar los campos inundados, según se entusiasmaron en la Federación Agraria. "El viernes nos volveremos a reunir en Córdoba con el ente provincial de agua, los intendentes de la región y representantes de la Nación para tratar el tema de las obras hídricas que son de carácter urgente y requieren de una planificación inmediata", afirmó Rossi, director de esa entidad.