El actual director de la Dirección General de Aguas (DGA), Rodrigo Weisner, defiende con garras el proyecto del Gobierno que busca dar rango constitucional al agua como un bien de uso público. Esto, luego de que Humberto Peña, quien presidió la DGA entre 1994 y 2006, señalara a "El Mercurio" que la iniciativa del Ejecutivo era confusa, pues no estaban claros los alcances del proyecto. Primero que nada, dice Weisner, este proyecto no tiene nada de novedoso, ya que ha sido parte de los programas de todos los gobiernos de la Concertación, y segundo, agrega, es crucial para otorgar certeza jurídica.
-¿Qué le parece que hasta un ex director de la DGA haya dicho que no estaban claros los alcances del proyecto?
"Lo hemos dicho hasta el cansancio: la implicancia de que la Constitución diga que todas las aguas son bienes nacionales de uso público, incluidos los glaciares, es que no pueden existir aguas privadas en Chile. ¿Qué más claro que eso? Nadie puede decir que eso es confuso".
-Algunos criticaron la iniciativa por haber sido despachada "justo" antes de las elecciones presidenciales...
"Lo que Bachelet plantea no es algo novedoso, pues ha sido parte de las ideas de todos los gobiernos de la Concertación, del cual Peña fue miembro, y en su calidad de director defendió el proyecto de reforma al Código de Aguas. Parte del ideario de esta reforma estaba también en el proyecto de modificación del código que él con tanta vehemencia defendió. Entonces no entiendo el cambio de opinión".
-Peña dijo que mientras no se tenga la ley que especifique las limitaciones al ejercicio de los derechos del agua, no se puede conocer el impacto...
"Eso es no conocer bien el proyecto de ley. La Constitución Política establece una regulación súper genérica, que es la limitación del derecho de propiedad derivada de la función social de la propiedad. Pero su rol es establecer reglas y principios generales. Cuando uno hace un proyecto de reforma constitucional, ¿es necesario tener la ley que regula eso? No, y nunca ha sido la tradición en Chile. Aún así es necesario acotar la ley".
-Un cambio constitucional de por sí genera incertidumbre. ¿Debería haber espacios para ajustes?
"Es cierto, pero lo que hay que hacer es adecuar y ajustar las normas legales para ir perfeccionándolas. La incertidumbre se elimina legislando bien. El gobierno lo que quiere es fortalecer el derecho de propiedad garantizando la propiedad a nivel constitucional de los derechos de agua. Eso se hace incluyéndolo expresamente en el texto constitucional. No hay ninguna duda en eso".
-¿Cuál es el principal problema que busca resolver el proyecto?
"Tenemos una institucionalidad muy antigua que ha sido muy buena, porque ha dado certeza jurídica, pero debemos adaptar esta norma a los nuevos escenarios. Muchos de los derechos de agua que tenemos constituidos son de papel. La propia SNA ha dicho que necesitamos más fiscalización. Necesitamos un Estado más activo".
-Desde el punto de vista de la gestión del recurso hídrico, ¿es un proyecto prioritario?
"Efectivamente, la gestión integrada de cuencas es crucial, pero no por el hecho de que sea prioritario quiere decir que no vamos a hacer lo otro. Los derechos de agua tienen que ser reconocidos constitucionalmente, no es una cuestión ideológica ni política. Eso dará más certeza jurídica. El dueño de un predio de Copiapó que tiene un glaciar encima, ¿es dueño del glaciar? No se sabe. Es bueno que agricultores y mineras tengan derechos de agua, pero es bueno que las sanitarias y comités de agua potable rural también".