La empresa Aguas de La Rioja mantuvo un perfil muy bajo ante un proceso de rescisión que semana a semana se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, en privado sus principales representantes reconocían el malestar con el Gobierno provincial.
Los empresarios consideraron que la relación cambió con la llegada de Luis Beder Herrera a la Casa de las Tejas, especialmente en referencia con los acuerdos para no aumentar las tarifas a los usuarios.
Desde que el Gobierno nacional decidió devaluar la moneda en enero de 2002, la concesionaria comenzó a reclamar que se modifique el precio de las tarifas.
Durante la gestión del ex gobernador Ángel Eduardo Maza se llegó a un acuerdo mediante el cual no existían incrementos, pero la empresa se liberaba de cumplir con el plan de obras estipulado en el contrato de concesión firmado por la administración mazista y ratificado por la composición que en aquel momento tenía la Cámara de Diputados.
Inclusive, por aquellos años la oposición denunciaba que el Estado realizaba las obras que le correspondían a la empresa concesionaria del servicio.

Cambio
Desde marzo de 2007 y con Luis Beder Herrera en el principal sillón de la Provincia, la relación cambió y el Gobierno adelantó que avanzaría sobre las concesiones realizadas por sus ex socios políticos.
La ley de emergencia de los servicios públicos dejó en claro que todos los contratos de concesión se podían revisar y que el Gobierno estaba dispuesto a hacerlo.
Los empresarios sostuvieron que lentamente los fueron "ahogando financieramente" y pusieron como ejemplo que los municipios dejaron de pagar por los servicios de agua potable que recibían. "No nos pagaron más, no se podían aumentar las tarifas y entonces hacer obras de inversión era imposible", dijeron en privado en reiteradas oportunidades.
La intervención decretada por el Estado riojano a finales de septiembre también fue mal vista por la empresa, que realizó una presentación administrativa.
Aguas de La Rioja apuesta a una larga pelea legal, aseguran tener todos los documentos que demuestran su imposibilidad de desarrollar las inversiones y creen que la Justicia les dará la razón en cuanto a quién tuvo la responsabilidad por el fracaso de la concesión del servicio de agua potable en los tres Departamentos.