Han transcurrido más de 3 años desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomara intervención en relación a uno de los conflictos socio-ambientales más complejos y significativos de la República Argentina, la problemática de la Cuenca Matanza Riachuelo (CMR).
El fallo dictado el 8 de julio de 2008 condenó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar un programa de acciones tendiente a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, la recomposición del ambiente (agua, aire y suelo) de la misma, y la prevención de daños futuros.
En representación de los estados condenados se encomendó a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) la ejecución de un conjunto de acciones, estableciéndose sus contenidos y determinándose plazos para acreditar su cumplimiento.
El Defensor del Pueblo de la Nación y las organizaciones que conforman el Cuerpo Colegiado (Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación de Vecinos La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales y Greenpeace Argentina) en ejercicio del rol que les asignara la Corte para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el cumplimiento de su sentencia, y procurando colaborar a expandir y generar conciencia ciudadana respecto de la problemática de la CMR, han evaluado las acciones emprendidas por ACUMAR hasta diciembre de 2009, valorando los aspectos positivos, observando las cuestiones pendientes, y arribando a conclusiones respecto de cada uno de los componentes del programa establecido por el Máximo Tribunal. Ello, sin perjuicio de señalar que el 1ro de febrero de 2010 la Autoridad de Cuenca ha presentado una actualización del Plan de Saneamiento que lleva adelante, la que deberá ser evaluada en el momento oportuno.

CONCLUSIONES
Como resultado de esta evaluación puede concluirse que, encontrándose las obligaciones y los plazos previstos –en su mayoría- vencidos, no se han registrado avances significativos.
A tres años de su creación, ACUMAR no ha logrado responder a las expectativas depositadas en ella. Ha demostrado severas limitaciones en lo que se refiere a su rol en la coordinación interjurisdiccional, sin poder asumir el protagonismo necesario para la formulación de políticas a nivel de cuenca hídrica. Situación agravada por la debilidad institucional evidenciada a partir del constante recambio en las autoridades y funcionarios del ente, lo que ha repercutido en una falta de continuidad en las tareas emprendidas.
La intensa actividad jurisdiccional desarrollada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de controlar el cumplimiento del fallo de la Corte, ha significado un importante impulso para las acciones en la CMR, las que hallarán continuidad, priorizando aquellos aspectos estructurales que hacen a la recomposición del ambiente, contemplando las situaciones de emergencia existentes, e incluyendo el control de actividades, obras y medidas que deberán plasmarse en cronogramas específicos para su realización.
El Plan Integral de Recomposición Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo debe sustentarse en un amplio consenso y contar con el compromiso de todos los sectores. Por lo que en consecuencia, se exhorta a las autoridades Nacionales, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a tomar, en el marco de un amplio consenso con el resto de las fuerzas políticas y los actores económicos y sociales del territorio de la Cuenca, las decisiones necesarias para cumplir con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ÓRDENES JUDICIALES
En relación a cada uno de los componentes del programa, presentados en el orden en que aparecen en la sentencia de la Corte, las principales conclusiones son:
Sistema de Medición de Cumplimiento de Objetivos
Al 31 de diciembre de 2009 no se ha dado cumplimiento a la manda de la CSJN.
La ausencia de un sistema de medición apropiado es una traba para evaluar con objetividad el grado de avance y la eficiencia de las acciones que ejecuta la Autoridad de Cuenca en función del logro de los objetivos dispuestos por la CSJN. Asimismo, priva a la ciudadanía de una herramienta útil para el conocimiento del estado de la CMR y la valoración y fortalecimiento de su gestión ambiental.
Su correcta implementación aportaría transparencia y un marco lógico adecuado para la rendición de cuentas que ACUMAR debe realizar anualmente ante el Honorable Congreso de la Nación, conforme lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 26.168.
Sistema de Información Pública
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, pero las mismas han sido insuficientes e insatisfactorias.
La página Web de la ACUMAR permite acceder a las presentaciones judiciales y otros datos de la CMR de interés. Sin embargo, no constituye un Sistema de Información Pública adecuado para el conocimiento de las diversas acciones que realiza la autoridad de cuenca en el marco del PISA, lo que en consecuencia dificulta el control de su progresión y obstaculiza la participación ciudadana.
Control de la Contaminación de origen Industrial
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, pero las mismas han sido insuficientes e insatisfactorias.
Se reconoce la importancia de que se haya comenzado a inspeccionar e identificar a las industrias que resultan Agentes Contaminantes de la cuenca. Entendemos sin embargo que, es preciso intensificar la realización de inspecciones a razón de un mínimo de 20 por día (ello no es más que una por día por cada uno de los municipios de la cuenca, las tres comunas de la CABA y los tres Estados condenados), lo que permitiría lograr inspeccionar al 100% de los establecimientos del listado inicial de ACUMAR en el plazo de un año, y aumentar considerablemente la posibilidad de realizar re-inspecciones.
Entendemos que la reconversión del sector industrial debe tender al cese de vertidos, emisiones y disposiciones contaminantes en la CMR, para lo cual resulta imprescindible la definición de metas progresivas de reducción de contaminantes y un marco jurídico consistente y coherente con los objetivos perseguidos, los que deben sostenerse en el tiempo constituyendo una política de estado.
Reconversión Industrial y Relocalización del Polo Petroquímico Dock Sud
Al 31 de diciembre de 2009 no se ha dado cumplimiento a la manda de la CSJN.
Urge una respuesta integral tendiente a una fuerte disminución del riesgo generado por el Polo Petroquímico Dock Sud, contemplándose en la misma la situación de la población asentada en sus alrededores.

Información Pública sobre el Estado Ambiental de la Cuenca
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN en relación a los estudios de calidad del agua las que deberán continuarse y complementarse, y al 31 de diciembre de 2009 no se ha dado cumplimiento a la manda de la CSJN en relación a los estudios de calidad del aire.
Respecto de los estudios de calidad del agua de la cuenca, se valoran los avances logrados en el marco del Programa de Monitoreo Integrado, aunque resulta preocupante la falta de certeza respecto a su continuidad y el retroceso que implica la degradación en el nivel de la información que acompaña la ACUMAR.
Respecto de los estudios de calidad del aire de la cuenca, se evidenció un desinterés de ACUMAR para arbitrar los medios conducentes al cumplimiento de la manda judicial.
Saneamiento de Basurales y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, pero las mismas han sido insuficientes e insatisfactorias.
Entendemos que el tratamiento adecuado de los basurales a cielo abierto existentes en la CMR debe necesariamente sustentarse en una Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, tanto domiciliarios, como industriales, especiales y patogénicos.
En este sentido, deben formularse alternativas innovadoras que prevean, al menos, la recolección de los residuos sólidos en el 100% de la cuenca (lo que evitaría la formación de nuevos microbasurales), una progresiva minimización de los residuos que llegan a la etapa de disposición final mediante el fomento de la separación en origen, la recolección diferenciada, procesos de reducción, reutilización y reciclaje, y una amplia campaña de concientización ciudadana al respecto. Asimismo es preciso proceder a la incorporación al sistema del sector informal de recuperadores por medio de programas de inclusión social en los que se valore su función y se brinden condiciones adecuadas de trabajo. Entendemos que para el logro de estos cometidos, ACUMAR debe coordinar las acciones y formular las políticas generales sin por ello restar protagonismo a los municipios, quienes deben asumir las mayores responsabilidades en sus territorios de acuerdo al criterio de descentralización consagrado en la ley provincial 13.592.
Asimismo, creemos que el relevamiento y clasificación de los basurales existentes en la CMR constituye un importante primer paso que deberá complementarse mediante la implementación de un plan de erradicación y saneamiento para cada categoría, con acciones previstas en cada uno de todos los basurales relevados. El mismo debe constar de una metodología común y plasmarse en cronogramas de acción detallados, conformándose programas que a su vez sean integrados en un plan que contemple la unidad de la Cuenca.
Por último, urge la planificación integral de medidas conducentes a atender la problemática social vinculada a la existencia de asentamientos poblacionales en el interior y los alrededores de los basurales.

Limpieza de Márgenes, Problemática Habitacional
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, pero las mismas han sido insuficientes e insatisfactorias.
Si bien se destacan los proyectos y acciones presentados al respecto, consideramos que hasta el presente no se ha logrado una planificación integral en la materia.
Es preciso que ACUMAR ejerza su rol de ente interjurisdiccional coordinando los proyectos de las distintas jurisdicciones, articulando las acciones y delineando la política a nivel de cuenca hídrica, de modo tal de superar la fragmentación y descoordinación existente entre los diversos proyectos locales.
Se realizaron tareas de desratización, desmalezamiento, remoción de residuos, remoción de buques abandonados y limpieza de márgenes y espejo de agua. Por su parte, resulta necesario que ACUMAR complemente la información relativa al alcance de las tareas que se realizan en el marco de los convenios con las cooperativas vecinales, y la continuidad y alcances de las acciones convenidas con AySA, Prefectura Naval Argentina y la UTE Rowing S.A. – Algieri Cultivos S.A.
Más allá de las necesarias tareas de limpieza de márgenes, ACUMAR debería tomar acciones de prevención en pos de evitar nuevamente el deterioro de las zonas recuperadas, puesto que de poco sirve invertir en la remoción de residuos si no se atienden las causas que generan su disposición inadecuada.
Finalmente, advertimos sobre la necesidad de prever los impactos sociales que acarrearán las acciones a desarrollarse en la limpieza de márgenes, resultando imperioso brindar una solución sustentable a la problemática habitacional que afecta la población allí afincada.

Acceso al Agua Potable
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, las que deberán continuarse y complementarse.
Consideramos que se ha impulsado notoriamente la expansión de las redes de provisión de agua potable, siendo a priori posible a acceder información respecto a las obras realizadas, en ejecución y proyectadas.
Se considera que dicha información deberá profundizarse de modo tal de dar cuenta de la relevancia de las obras proyectadas y su implicancia real en un mayor porcentaje de la población con acceso a agua potable, debiendo intensificarse las acciones para lograr en el mediano plazo el acceso del 100% de la población a tan imprescindible recurso.
Resulta necesario que ACUMAR adopte medidas urgentes para atender a aquellas personas que utilizan agua subterránea en condiciones no aptas para el consumo humano.

Desagües Pluviales
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, pero las mismas han sido insuficientes e insatisfactorias.
El Cuerpo Colegiado considera que ACUMAR debe proceder a realizar una planificación integral en materia hídrica que contemple la unidad de la cuenca hídrica y se relacione explícitamente con el ordenamiento ambiental del territorio de la cuenca.

Saneamiento Cloacal
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, pero las mismas han sido insuficientes e insatisfactorias.
Se ha impulsado la expansión de la red de saneamiento cloacal en el ámbito de la cuenca aunque persisten las dudas respecto al tratamiento que se otorgará a los desechos y sus consecuencias en relación a los cursos de agua.
La información deberá profundizarse de modo tal de dar cuenta de la relevancia de las obras proyectadas y su implicancia real en un mayor porcentaje de la población con acceso a dicho servicio, debiendo intensificarse las acciones para lograr en el mediano plazo el acceso del 100% de la población al mismo.
Asimismo, deberá prestarse suma atención a la ejecución de los financiamientos acordados, de modo tal que el esfuerzo que ellos implican para la comunidad toda, redunden en una mayor cobertura, un adecuado tratamiento y traccionen hacia el logro de los objetivos determinados por la CSJN.
Finalmente, se advierte sobre la necesidad de efectuar un análisis exhaustivo respecto a los vertidos de efluentes industriales a colectores cloacales bajo el concepto de “asimilables”, de modo tal de fijar los parámetros apropiados para un correcto tratamiento de los mismos, evitando una mayor carga contaminante que culmina en las aguas del Río de la Plata. Este análisis debe fortalecer el rol de los responsables de controlar la calidad de los vertidos a colectores cloacales, hoy en manos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, asegurando una gestión transparente y eficaz.

Salud: Atención Sanitaria y Diagnóstico
Se han ejecutado acciones en pos del cumplimiento de la manda de la CSJN, las que deberán continuarse y complementarse.
Sin perjuicio de que hasta la fecha no se ha acreditado el cumplimiento de la totalidad de las mandas emanadas del fallo de la CSJN al respecto, ni de aquéllas establecidas por el Juzgado Federal en el marco de la ejecución del mismo, se destaca la utilidad de la encuesta de factores ambientales de riesgo y el mapa sociodemográfico realizados, considerándose las acciones proyectadas como adecuadas a los objetivos estratégicos propuestos.
No obstante, toda vez que la situación sanitaria de muchos habitantes de la Cuenca es crítica, deben arbitrarse medidas excepcionales y los recursos necesarios para revertir esta situación. Ello será posible en tanto y en cuanto se formule una política sanitaria universal, integrada con los demás componentes del PISA, y fruto de la coordinación interjurisdiccional, en la que se contemplen las situaciones de emergencia, las medidas preventivas, los recursos humanos y presupuestarios, y, principalmente, cuente con el necesario compromiso político para evitar dilaciones injustificadas en la ejecución de las actividades. Asimismo, es preciso que la misma resulte accesible para el conocimiento de los ciudadanos a través de mecanismos de información pública.

Participación Ciudadana
Al 31 de diciembre de 2009 no se ha dado cumplimiento a la manda legal, ni resulta posible determinar de qué modo se propone la ACUMAR cumplir con dichas exigencias.
Entendemos que urge la implementación de mecanismos de participación ciudadana en miras a construir consensos en torno a las diversas políticas que deben implementarse en la CMR. Para ello ACUMAR debe convocar periódicamente a la Comisión de Participación Social, invitando a todos los sectores involucrados a debatir en torno a los componentes del PISA y demás acciones que lleva adelante el organismo de cuenca.
Asimismo, es preciso distinguir entre la participación en el control de la ejecución de la sentencia que desempeña el Cuerpo Colegiado, y la participación ciudadana amplia que corresponde a la política ambiental y que ACUMAR debería propiciar por medio de la Comisión de Participación Social para el debate y la implementación del Plan Integral.
Ordenamiento Ambiental del Territorio, Áreas Protegidas
Al 31 de diciembre de 2009 ACUMAR no ha dado cumplimiento a su obligación legal de planificar el ordenamiento ambiental del territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo.
Resulta imperioso que la autoridad de cuenca organice un equipo de trabajo a los fines de impulsar coordinadamente con las distintas jurisdicciones involucradas un proceso de ordenamiento ambiental del territorio en los términos de la Ley General del Ambiente, en el que se contemple la complejidad de la cuenca como territorio y se garanticen mecanismos de participación ciudadana a los fines de construir consensos en torno al mismo.
Para ello es necesario reunir, relevar y mapear en escalas convenientes y unificadas la información “básica” requerida para un análisis previo y necesario para una planificación ambiental del territorio. Atendiendo, entre otras cuestiones, el patrón de propiedad (público, privado), patrón de uso (industrial, vivienda, parque, hitos, sin uso, etc.), densidad poblacional, densidad del espacio, tejido urbano existente, espacios verdes existentes, infraestructura vial, fluvial y aérea, transporte público, y demás.
Hasta tanto ACUMAR cumpla con la obligación legal descripta, deberá arbitrar todas las medidas necesarias para preservar aquellas áreas que actualmente presentan un buen estado ambiental, asegurando su conservación y evitando cualquier actividad que pudiera impactar negativamente sobre las mismas. En particular respecto a los predios denominados “Santa Catalina”, “Bañados de Rocha” y “Bosques de Ezeiza”, por ser estos los más significativos de la CMR, sin perjuicio de la necesidad de preservar otros que también contribuyen al estado ambiental de la cuenca (por ejemplo la extensa área rural existente en la cuenca alta). Del mismo modo, es preciso contar con un relevamiento pormenorizado de los bienes inmuebles de dominio público o privado de los Estados Nacional, Provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipales de la CMR, a fin de preservarlos como activos estratégicos para permitir el ordenamiento ambiental del territorio.

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Fuente: Prensa - Asociación Vecinos de la Boca
Foto: Archivo Programa Infoambiente