La reunión de este viernes, en Potosí, entre representantes del Comité Cívico de Potosí (Comcipo) y el canciller del Estado Plurinacional, David Choquehuanca, se constituirá en crucial para el futuro del acuerdo inicial sobre las aguas del Silala que se pretende suscribir con Chile, debido al apoyo regional que se otorgaría para la firma definitiva de este convenio.
El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, el jueves 18 de febrero se reunió con representantes de diversos movimientos sociales en la comunidad de Alota, ubicada en la provincia Enrique Valdivieso, para realizar una explicación detallada de los alcances de la nueva versión del preacuerdo modificado sobre el Silala.
Luego de la explicación, se generó un criterio “casi unánime”, según Celestino Condori, para aceptar la firma de este acuerdo inicial con Chile. Expresó su respeto a esta posición, sin embargo, aclaró que el viernes 26 de febrero se realizará un consejo consultivo para poner en conocimiento de todos los representantes departamentales los avances de este preacuerdo modificado.
Esta reunión se desarrollará en instalaciones del salón Tunupa ubicada en la sede de Comcipo, la misma contará con la participación del titular de la diplomacia boliviana, los 53 representantes de la urbe, instituciones potosinas y de las provincias de este departamento, la que ascenderá a más de 100 instituciones.
Sobre la deuda histórica, dijo que se establecerá una mesa de trabajo para analizar este tema, pues aseguró que de acuerdo al informe recibido Chile no reconoce esta deuda histórica, sino reconoce una compensación económica y que ese punto no habría sufrido modificación, el mismo que entre otros temas serán analizados.
Con relación a la soberanía de esta agua, afirmó que existe un avance significativo pero que no cubría todas las expectativas, a pesar de este contexto, aseguró que recibió el apoyo de los participantes para que se lleve adelante con la firma de este preacuerdo.
Con relación a este tema por demás polémico para nuestro país, el ex canciller de Bolivia, Armando Loayza, dijo que aspectos como las definiciones de estas aguas y comentarios sobre eventuales vínculos sobre la cuestión energética con el país transandino por ser temas delicados, le corresponde al Estado definir estos temas de interés nacional.
“Yo cuestioné a los comités cívicos, que tienen derecho a tener información pero que este es un asunto que se maneja mejor de Estado a Estado, habida cuenta que la Cancillería y el gobierno de chile dijeron que profundizarán la actual agenda de trece puntos que se tiene entre ambos países, pues existe un clima muy favorable en el desarrollo de esta agenda”, afirmó Loayza en contacto con EL DIARIO.
Calificó como útil la socialización de los detalles del polémico documento, pero ratificó que la negociación diplomática le corresponde al Estado, al Presidente, al Canciller que dirige la política exterior. “Los actores sociales deben ser consultados, pero la situación bilateral se maneja de Estado a Estado”, insistió el ex diplomático.
Ante esta situación, el presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Celestino Condori, calificó como un avance la participación de los sectores sociales en temas referentes a recursos naturales después de haber sufrido confrontaciones bélicas, pues consideró que este giro en el manejo de estos temas es distinto al de Chile, donde dijo que se maneja el tema como una política de Estado.
“Jamás hemos participado pese a criterios para estar incluidos en la negociación de los 13 puntos, jamás lo hemos hecho y considero que el hecho de que participen organizaciones sociales simplemente en calidad de veedores ya nos va dar cierta confianza y sobre todo, la transparencia sobre la negociación porque nos interesa y es la fiscalización y no se debe desvirtuar este accionar”, apuntó.
Manifestó que se debe dejar en el pasado el tratamiento tradicional de este tipo de temas a nivel de Estados, pues aseguró que la experiencia les enseñó que los gobiernos de turno sólo cuidan los intereses de capitales financieros, dejando de lado la situación real de las provincias empobrecidas en el país.
Anunció que están invitados a la reunión dirigentes de El Alto, de la Central Obrera Boliviana, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos.
Sin embargo, aclaró que por temas de tiempo y recursos económicos no se invitó a otras instituciones del país a los que convocó para formar parte de esta reunión a la que calificó de crucial donde se definirá el futuro del preacuerdo que se pretende firmar con Chile.
El acuerdo preliminar entre Bolivia y Chile establece el pago por el uso del 50 por ciento del torrente de agua del manantial y el restante se definirá después de conocer los resultados de un estudio binacional que durará al menos cuatro años. Ambos tienen tesis diferentes sobre el Silala, pues mientras Bolivia afirma que es un manantial que nace en su territorio, Chile sostiene que es un río de curso internacional.
Con esa tesis, Bolivia reclama una compensación por el uso de las aguas que son aprovechadas por Chile desde 1908.
El ingeniero Alfonso Russo, secretario departamental de planificación, indicó que el tema de la deuda histórica no está en el preacuerdo, sino se definió conformar una comisión a parte que trate este tema.
“De los 17 puntos que se tenía ya en Quetena establecidos, se quedó en esa reunión también volver a revisar y que en el documento que se está elaborando vuelvan a entrar las correcciones necesarias. Ayer el Canciller ha indicado, que ha hecho todas las aclaraciones de cómo se han ido cambiando todas las propuestas que se han ido haciendo por cada sector que se ha hecho.
Lo que si en este preacuerdo no está entrando es el tema de la deuda histórica, lo que se está haciendo es mediante la Cancillería conformar otro equipo multidisciplinario, donde van a estar instituciones de Potosí, Cancillería, con sus partes de Chile, para ver y tratar este tema muy aparte”.
En cuanto a la propuesta de la empresa chilena Gas Atacama, la autoridad afirmó que esta fuera de la realidad, tomando en cuenta que Potosí no tiene yacimientos de gas.
“El tratamiento a de ser bilateral, de Estado a Estado. Contempla otras situaciones y otros aspectos que tendría que tratarlo directamente el Estado, como Potosí, nosotros no estamos proponiendo ninguna política de ningún cambio con nada, la propuesta de nosotros es de que se nos pague por el consumo de agua que existe en la región”.